La abolición de la universidad pública
autónoma
El presente conflicto universitario es distinto a los anteriores. Si
bien presenta reclamos similares de parte de profesores, empleados y
estudiantes –sueldos bajísimos, insuficiencia presupuestaria, dotación
insuficiente de servicios, violación del régimen autonómico- se distingue por
poner a descubierto de manera clara e irrefutable que el verdadero propósito de
la contraparte oficial es la liquidación de la universidad autónoma. La
bajísima remuneración de profesores, empleados y obreros, así como la ridícula
asignación para becas estudiantiles, aglutinan la atención principal del
conflicto en los actuales momentos, pero la ofensiva contra estas universidades
no se para ahí.
Los universitarios exigíamos un 100% de incremento retroactivo al
comienzo de 2013 como base para negociar ajustes futuros. En el caso de los
profesores éstos deberían ser conforme a lo dispuesta en las Normas de
Homologación vigentes. La oferta de aumento escalonado es, por tanto, una
burla, pues para cuando termine de ejecutarse ya la inflación se habrá comido
la mayor parte. Para mayor provocación, el ministro se niega a reunirse con la Federación
de Asociaciones de Profesores universitarios de Venezuela (FAPUV), con más
de 40.000 afiliados, para negociar una supuesta Convención Colectiva Única con
una federación fantasma que no representa a nadie. Más aun, se intenta meter de
contrabando en ese adefesio de contratación, normas que confiscan atribuciones
de los Consejos Universitarios en materia de ingreso y ascenso de profesores y
empleados, así como otras potestades administrativas que les consagra la
Constitución y la Ley de Universidades, y para imponer el “socialismo” como
norte de los procesos de transformación universitaria. La negativa a atender
las justas aspiraciones salariales de los universitarios y la pretensión de
controlar sus carreras buscan quebrarle el espinazo al recurso más preciado de
estas instituciones, su talento, para acabar con su resistencia a los designios
totalitarios del oficialismo, de una vez por todas.
Luego está la asfixia presupuestaria progresiva que, cual tragavenado,
va privando a la institución de su aliento vital al negarle las partidas para
reponer los cargos de los que se jubilan; los recursos para la compra de
equipos e insumos y para mantener adecuadamente la infraestructura existente;
la dotación de divisas para enviar becarios al extranjero, asistir a simposios
y congresos académicos internacionales para estar al día con los avances del
conocimiento; y las providencias para sostener satisfactoriamente los servicios
de apoyo estudiantil. El Gobierno busca forzosamente convertir a las
universidades autónomas en una especie de gran liceo que forme el personal
técnico que requiere los planes oficiales, dedicados al cómo resolver lo
que el gobierno decide, pero negándoles la potestad de indagar sobre el que
y el por qué de ello, labor cardinal en la prosecución del saber.
A pesar de que seguirían en pie los edificios, progresivamente deteriorados, y
profesores mal pagados continuarían dictando clase, cada vez con mayor desgano, esto ya
no podría llamarse Universidad.
En tercer lugar, se arremete contra las universidades con una batería de
artificios jurídicos y leguleyos que socavan la autonomía universitaria y
obligan a éstas a adoptar decisiones que desnaturalizan su propósito, para
ponerlas a disposición de los dictados de la secta política actualmente en el
poder. Es el caso de la primitiva y retrógrada Ley Orgánica de Educación,
instrumento legal que en vez de plantear cómo enfrentar los desafíos de la
sociedad del conocimiento, reivindica “saberes ancestrales” para enfrentarla.
El artículo 34 de esta ley pretende que las universidades autónomas se hagan un
hara-kiri y acuerden un reglamento electoral para que voten profesores,
empleados, estudiantes y egresados con el mismo peso, una persona un voto. Con
ello se desconoce el fin académico de este proceso electoral y la ponderación
que en él deben tener profesores y estudiantes; pone en manos de los egresados,
los que ya no hacen vida en la universidad, la decisión sobre quienes deben
ocupar sus cargos de dirección. Con base en este exabrupto, el TSJ ha impedido
la realización de las elecciones que, por ley, deben realizarse en cada
universidad autónoma para reponer sus autoridades, alegando que éstas deben
hacerse conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo 34. Luego, con el
mayor cinismo y desfachatez, acusan al equipo directivo de “querer perpetuarse
en el cargo” (¡!) Adicionalmente, están las medidas cautelares que suspenden
la colocación de puertas para resguardar el recinto universitario de la UCV
contra la acción de bandas delincuenciales dedicadas a destruir sus
instalaciones y atemorizar a la comunidad, y que revierten procesos de sanción
reglamentaria al más conspicuo de estos facinerosos, Kevin Ávila.
En cuarto lugar se ampara y se le da beligerancia a estas hordas
fascistas para que, armadas y validas de bombas lacrimógenas, agredan a
estudiantes y profesores, incendien vehículos y destruyan obras de arte y
estructuras universitarias. Son 61 agresiones de este tipo denunciadas por las
autoridades de la UCV ante el CICPC y la policía en los últimos 5 años, con
apoyo de videos y testimonios de testigos, que siguen impunes. Estos fascii
di combattimento promueven el terror para atemorizar y desmoralizar a los
universitarios, y destruir su disposición y valentía de hacerle frente a la
violencia sólo con las armas de la razón. El mundo al revés, pues. El propio
Kevin Ávila fue transmutado de malandro en héroe por el mismísimo presidente
Chávez, quien le alzó la mano en un acto público como “ejemplo de lucha
revolucionaria” (¡!). Éste mismo delincuente, luego de agredir salvajemente a
estudiantes y a un profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la UCV el
pasado miércoles 12 de junio, es recibido por sus partidarios en la Asamblea
Nacional para denostar contra esta Casa de Estudios. ¡Y todavía quieren
hacernos creer que los oficialistas no respaldan la violencia y las acciones
vandálicas contra la institución!
Por si faltara algo en este arsenal de destrucción, se criminaliza a la
protesta desde los más altos cargos del Gobierno. El ministro Rodríguez Torres,
de Interior y Justicia, tuvo el tupé de acusar a los estudiantes de “acciones
desestabilizadoras promovidas por la extrema derecha” (¡!), para convalidar la
represión en su contra, como la de la Guardia Nacional en Lara. Peor aun, quien
se ganó limpiamente el apodo de “Mentira Fresca” en las pasadas
elecciones y que hoy ocupa ilegítimamente la Presidencia, ese mismo que se
ufanaba de reuniones de trabajo con un presidente que estaba más allá que de
acá y quien “le había estrechado vigorosamente la mano”, el mismo que se la
pasa inventando conspiraciones en su contra sin presentar la más mínima prueba,
este señor con credibilidad en el subsuelo tiene la desvergüenza de acusar a la
Rectora de la UCV de mentir con relación a la insuficiencia presupuestaria
(¡!). Haciendo gala de la técnica Goebbeliana de repetir hasta el
cansancio una falsedad hasta convertirla en “verdad”, invoca la manida falta de
transparencia de la UCV en el manejo de sus recursos, siendo que es la
institución más auditada por los poderes públicos que se haya conocido en
Venezuela.
El oficialismo no acepta la existencia de instituciones que por su
prestigio, servicios a la nación, conocimientos, ascendencia intelectual y
ética bien ganada, y defensa inquebrantable de la pluralidad del pensamiento,
constituyen el baluarte más eficaz contra sus pretensiones de imponer un
régimen totalitario. El fascismo no tolera la conciencia crítica e
independiente, pues anula sus propósitos por afianzar un pensamiento único que
legitime, a través de la manipulación maniquea de símbolos caros a la nación,
su perpetuación en el poder. Requiere blindarse con mitos que alienten pasiones
ancestrales que activen el nosotros contra los enemigos –ellos-, los
que piensan diferente y no aceptan que se les coarte su libertad. En dos
platos, el fascismo se nutre de la ignorancia, del oscurantismo sectario, de
visiones estrechas y distorsionadas de la realidad. De ahí que sean las
universidades autónomas el mayor obstáculo para sus ansias de poder. De ahí la
ridícula aseveración de que quienes buscan el saber en un ambiente de
contrastación de ideas, donde se alienta a la pluralidad y se autogobierna
democráticamente, representa la “extrema derecha” (¡!). De ahí la necesidad de
injuriar a quienes ocupan posiciones de liderazgo en la institución, en primer
lugar a la rectora García-Arocha, profesora íntegra y universitaria a carta
cabal, como al equipo que la acompaña, y alentar la barbarie: ésta no
puede imponerse sin rebajar la civilidad, la dignidad, el respeto, la decencia
y la cultura de respeto en democracia.
Pero se equivocan. Los valores de la libertad, del progreso, del
ejercicio creativo del pensamiento, del respeto por el Estado de Derecho, más
temprano que tarde se impondrán a las fuerzas de la ignorancia, la
arbitrariedad y el atraso. Ahí están los valerosos estudiantes, haciendo uso de
una movilización creativa para defender su futuro y el del país, y arriesgando
incluso su salud en huelgas de hambre para que el gobierno entienda lo que está
en juego. Sabrá la universidad autónoma, en nombre de estos valores, hacer suya
la fuerza de la dignidad y del coraje esgrimida por el rector Miguel de Unamuno
en su respuesta a la barbarie militar del General falangista Millán Astray,
quien irrumpió en el claustro de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre
de 1936 en plena Guerra Civil española gritando “¡Viva la muerte! ¡Muera la
inteligencia!:
“Este es templo de la
inteligencia. Y yo soy su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado
recinto. (...) Venceréis pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada
fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y
para persuadir necesitáis algo que os falta: la razón y el derecho en la lucha”.
La
diferencia está en que, en la Venezuela actual, no vencerán.
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